Desde hace algunos días ya es posible reportar cualquier tuit.
O lo que es lo mismo, hacer saber a Twitter que contiene un mensaje punible según sus reglas de uso para que lo elimine. La plataforma decidió actualizar esas normas y habilitar esa opción tras la ola de amenazas contra mujeres periodistas, y también hacia la activista
que consiguió que el Banco de Inglaterra incluyera a partir de 2017 a
Jane Austen en los billetes de 10 libras. "Todo se reduce a esto: la
gente merece sentirse segura en Twitter", decía sobre ello una entrada del blog de la compañía firmada por el director de Seguridad y el director general de la empresa en Reino Unido.
La
polémica que se desató allí en torno a la necesidad de regular mejor lo
que se vierte en ella ha colocado momentáneamente a Twitter en el
centro de un debate inherente a la web social: las conductas indeseadas
de los usuarios que le dan contenido y la forma de evitarlas. No es una
cuestión fácil, sobre todo teniendo en cuenta las magnitudes actuales (y
crecientes) de Twitter: más de 200 millones de usuarios activos, aunque no todos tuitean (su consejero delegado aspira a llegar a los 400 en poco tiempo) y más de 400 millones de tuits diarios.
Solo mediante la mezcla de metamoderación (la participación activa de los usuarios en la detección y aviso de publicaciones que puedan resultar punibles) y procesos automáticos
se puede intentar abarcar la difícil tarea de mantener cierto orden en
la conversación global que promueve Twitter, tal y como sostiene el
profesor Enrique Dans sobre participación y moderación genérica en internet.
Desde
la empresa no han especificado a El Confidencial cuál es el proceso que
siguen los tuits reportados ni qué recursos dedica a su evaluación.
Twitter normalmente suspende cuentas de forma automatizada en relación
con factores como número de veces que una cuenta es marcada como spam, y
las personas solo entran en juego realmente cuando corresponde revisar
una posible reclamación realizada al respecto por su propietario para
levantar la suspensión. Con más de 1.000 empleados y un gasto aproximado de 400 millones anuales solo en servidores,
la gestión escalable de incidencias es clave para la empresa que ha
democratizado la conversación global como concepto en internet.
Cifuentes, la tendencia indeseada
En
España, donde Twitter ha estrenado oficina este año, los episodios
conflictivos en la plataforma también son relativamente frecuentes. La
última polémica al respecto la hemos vivido con el accidente de moto de
la delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, debido a los posteriores tuits de algunos usuarios alegrándose o mofándose, o bien deseándole la muerte a Cristina Cifuentes.
Durante
esas horas otros usuarios lamentaron que Twitter permita la publicación
de esta clase de comentarios, aunque en la mayoría de los casos no
hubiera ofensa punible, sino libertad de expresión usada de forma
cuestionable. Paul Mason, columnista de The Guardian, reclamaba hace algunos días
acciones coordinadas de los usuarios para mantener la plataforma a
salvo de otros que se exceden precisamente amparándose en esa libertad
de expresión: "La solución tiene que ser radical y colectiva".
Ante la pregunta sobre la crueldad de determinados comentarios en Twitter, el psicólogo clínico Juan Cruz habla de "gratificación inmediata".
Es decir, publicaciones realizadas al calor del momento
sin tomar un mínimo de distancia respecto a la emoción causada por el
estímulo correspondiente, influidas por la distancia emocional que se
deriva de no tener contacto real con otras personas y la ausencia de
empatía que eso provoca. "El otro se convierte en una cuenta, en un
número", explica Cruz.
Los cuarteles tuiteros de las Fuerzas de Seguridad del Estado
Para casos de amenazas creíbles, Twitter aconseja contactar directamente con la policía. En el caso de España, tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional
mantienen desde hace tiempo 'oficinas' abiertas en la plataforma para
dar consejos y atender denuncias. De ellas, la más notable es @policia, a la que tuiteros célebres como Eva Hache han recurrido de forma pública para indicar que estaban siendo amenazados. La impunidad aparente que ofrece el anonimato en Twitter termina en muchos casos en cuanto la denuncia es tramitada por el cuerpo correspondiente.
En 2012 la Policía detuvo a 750 personas
por delitos de naturaleza virtual, y entre ellos había casos de acoso o
amenazas a través de Twitter. Algunos personajes públicos, como la
propia Cristina Cifuentes, reciben de forma habitual insultos en esta
plataforma. Y la delegada del Gobierno los retuitea con frecuencia poniendo en copia al perfil de la Policía Nacional, por si fueran susceptibles de respuesta por su parte.
0 comentarios:
Publicar un comentario